Por Dr. Alberto Cortés Ramos, Catedrático UCR
Estamos siendo testigos de un creciente conflicto en el ámbito educativo en Costa Rica. En el epicentro de esta tormenta se encuentran las acciones y omisiones de la actual ministra de Educación, que han desencadenado protestas y confrontaciones que van más allá de un simple desacuerdo sobre su estilo de gestión.
La génesis de este conflicto se remonta a medidas de la actual administración que constituyen un ataque directo a la educación pública: recortes presupuestarios significativos, implementación de políticas criticadas por personas expertas en educación, falta de diálogo con figuras claves del sector y decisiones en favor de intereses privados. Igualmente grave es su falta de acción para atender los problemas que aquejan al sistema educativo público.
Esta situación ha generado preocupación entre docentes y estudiantes. El movimiento estudiantil está alzando su voz contra el debilitamiento sistemático de la educación pública. Sus vehementes y apasionadas protestas reflejan preocupación por el deterioro de la infraestructura educativa, la reducción de programas de apoyo como becas y comedores escolares, el aumento de la brecha digital exacerbada por la falta de recursos para la educación en línea, la precarización de las condiciones laborales de los docentes y el favorecimiento de la privatización de la educación.
La magnitud de la situación se ha visto reflejada por un hecho sin precedentes: el voto de censura en la Asamblea legislativa contra la ministra Müller. Este acto, aunque simbólico, es un indicador del descontento con su gestión y de la inquietud sobre el rumbo de la educación: el deterioro generalizado de su calidad y los pasos hacia atrás en materia de equidad. El voto de censura también pone en tela de juicio su capacidad para liderar el sector en un momento tan crítico. Es indiscutible la desconfianza creciente hacia el Ministerio de Educación (MEP) y sus políticas, erosionando la fe en un sistema que históricamente ha sido motivo de orgullo para Costa Rica.
En esta coyuntura, el cuerpo docente, base fundamental del sistema educativo, se encuentra desmotivado y sobrecargado. Enfrenta problemas administrativos relacionados con los pagos salariales, situaciones prolongadas de inestabilidad laboral, la atención de un alumnado con problemáticas familiares y sociales cada vez más complejas, el aumento de la conflictividad en los centros educativos. Por si fuera poco, el profesorado se siente desvalorizado y señalado muchas veces como culpable del deterioro educativo.
El rezago en primaria y secundaria impacta en la educación superior pública de manera aguda. El estudiantado llega a la universidad con serias carencias en su formación, lo que representa un enorme desafío a nivel personal e institucional. Esta situación reduce las oportunidades de éxito académico de la población estudiantil por las debilidades en áreas fundamentales como comprensión lectora, pensamiento crítico y habilidades matemáticas básicas. Como resultado, observamos un aumento en las tasas de exclusión, una prolongación en los tiempos de graduación, y una disminución en el rendimiento académico. Esta realidad afecta las aspiraciones individuales del estudiantado y compromete el desarrollo humano de Costa Rica.
La situación actual es insostenible. Costa Rica necesita un cambio de dirección en su política educativa y reconsiderar las medidas implementadas u obviadas por el MEP. Para ello, es imperativo promover un diálogo constructivo con todos los actores del sistema educativo: estudiantado, profesorado, familias, gremios y especialistas en educación. Solo por medio de un proceso inclusivo y participativo se podrán encontrar soluciones que aborden las necesidades reales del sistema educativo.
Será imprescindible renovar el compromiso con la inversión en educación pública en todas sus etapas, la cual ha venido disminuyendo desde la administración de Carlos Alvarado. Costa Rica ha sido reconocida históricamente por su compromiso con la educación, abandonar esta visión sería es un error estratégico y una traición a los valores que han definido nuestra sociedad. Debemos enfatizar que la educación no es un gasto sino una inversión social necesaria para el futuro del país.
En este contexto, es fundamental reflexionar sobre el papel que desempeñan las universidades públicas incluyendo la Universidad de Costa Rica (UCR). Nuestra institución debe asumir un rol proactivo y de liderazgo para solidificar una educación pública de calidad. La universidad cuenta con personas expertas en este campo, desde pedagogía hasta políticas públicas, y sus voces requieren ser escuchadas.
Las universidades públicas, por su naturaleza y misión, son también espacios idóneos para la difusión del conocimiento y del pensamiento crítico. Estamos obligados a generar, en articulación con el Estado de la Educación de CONARE, más investigación rigurosa que mida el impacto de las políticas y de las omisiones actuales, proporcionando evidencia sólida que nutra el debate público y la toma de decisiones con sustento técnico.
La UCR, como la institución de educación superior más antigua y prestigiosa del país, tiene una responsabilidad mayor. Por ello, debe liderar la innovación educativa, convirtiéndose en un laboratorio de nuevas metodologías y enfoques pedagógicos que puedan ser replicados en todo el sistema educativo nacional.
El fortalecimiento del vínculo de la UCR con las comunidades es otro aspecto que considerar. Hay que intensificar los programas de acción social y extensión para trabajar con personas estudiantes y docentes en escuelas y colegios, especialmente en zonas vulnerables. Esta labor beneficia a las comunidades al tiempo que enriquece la formación del alumnado universitario y permite a la UCR mantenerse conectada con las realidades y necesidades del país.
La colaboración interinstitucional es otra arista que demanda el liderazgo de la UCR. Es necesario impulsar esfuerzos de colaboración entre todas las universidades públicas, el MEP y otros actores relevantes para desarrollar un plan integral de mejora educativa. Solo por medio de un esfuerzo coordinado y colaborativo se podrán abordar de manera efectiva los complejos desafíos que enfrenta el sistema educativo.
En un contexto de recortes presupuestarios, la UCR tiene la obligación de defender la inversión en educación superior como pilar de bienestar humano. Esta defensa no debe limitarse a proteger su propio presupuesto, sino también el de todo el sistema educativo nacional, desde la educación preescolar hasta la superior. La autonomía universitaria, lejos de ser un privilegio, representa una responsabilidad y una oportunidad para que las instituciones de educación superior, en particular la UCR, tomen la iniciativa para enfrentar el rezago educativo en el país.
En conclusión, Costa Rica se encuentra en un momento crucial de su historia educativa. Las acciones y omisiones de la actual administración han generado un conflicto que va más allá de una simple disputa política, tocando el corazón mismo de los valores y aspiraciones de la sociedad costarricense. Sin embargo, esta crisis representa también una oportunidad para repensar y fortalecer el sistema educativo del país. El camino hacia adelante requiere de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Es imperativo un diálogo abierto y constructivo, una inversión sostenida en educación, y un compromiso renovado con los principios de equidad y calidad educativa que han sido la base del desarrollo de Costa Rica. Las universidades públicas, y en particular la UCR, tienen un papel fundamental que desempeñar en este proceso de transformación.
