Por: Dr. Alberto Cortés Ramos
Catedrático
El reconocimiento y la celebración de la Autonomía Universitaria en las universidades públicas, particularmente en la Universidad de Costa Rica (UCR), tienen sus raíces en hechos históricos significativos que reflejan la profundidad y la complejidad de este concepto constitucional. Los orígenes de la conmemoración de este día se remontan al 12 de abril de 2010, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial incursionaron en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
A menudo se malinterpreta la autonomía universitaria como un concepto limitado a la libertad de cátedra o, en una visión crítica, como una excusa para mantener “salarios de lujo”. No obstante, un análisis detenido de las actas constituyentes y los debates congresales que dieron vida a la UCR, revela que esta autonomía constitucional trasciende a la comunidad universitaria y se convierte en una garantía para la sociedad entera. Esta garantía busca que la población pueda contar con instituciones de educación superior protegidas de cualquier forma de coerción, reforzando su papel insustituible en el desarrollo nacional.
La Sala Constitucional ha delineado claramente el alcance de la autonomía universitaria, subrayando su plena expresión en las actividades académicas, de investigación y extensión. Además, ha remarcado que cualquier regulación legislativa no debe menoscabar las potestades intrínsecas de las universidades para cumplir con su propósito esencial (Voto N° 2021-17098).
La autonomía universitaria ha enfrentado desafíos, como la intervención policial del 12 de septiembre de 2018, en la cual estudiantes fueron reprimidos y detenidos durante una manifestación pacífica en contra del proyecto conocido como la Reforma Fiscal impulsada por el expresidente, Carlos Alvarado. En aquel momento efectivos de la Fuerza Pública invadieron el campus, destruyeron instalaciones y tomaron detenidas a varias personas estudiantes
Este tipo de incidentes, junto con la presión por censurar la divulgación de información crítica como la contaminación de agua en varias comunidades de San José, ponen a prueba la autonomía como garantía ciudadana. Es crucial defender la autonomía frente a tales ataques y asegurar que las universidades públicas mantengan su capacidad y potencial para contribuir con el bien común.
El concepto de autonomía universitaria, aunque de raíces medievales europeas, adquirió relevancia en América Latina con la Reforma de Córdoba de 1918. Dicha reforma introdujo principios como la autogestión, la gratuidad educativa, el cogobierno estudiantil y la libertad de cátedra, los cuales siguen vigentes y son esenciales en la evolución y el desarrollo de las universidades en la región.
La autonomía en la UCR, garantizada desde su fundación y luego constitucionalizada en 1949, ha permitido a la Universidad y a sus homólogas públicas, liderar en la región y contribuir significativamente al progreso inclusivo y sostenible del país. La libertad académica, la gestión transparente de recursos, y las alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales, son componentes clave de esta autonomía. Sin embargo, la Universidad también enfrenta la responsabilidad de rendir cuentas y ser transparente ante la sociedad, manteniendo así su legitimidad y respondiendo a los desafíos y cuestionamientos que surgen, como los ataques a la integridad de su tutela constitucional, así como presiones fiscales y administrativas.
Es imperativo ejercer y defender la autonomía universitaria no solo para resistir las restricciones impuestas por leyes como la de Empleo Público, sino también en las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asegurando la conformidad con la Constitución y un crecimiento sostenible. Como señalé en otro artículo, la autonomía no es un lujo ni un privilegio; es una condición esencial para que la UCR y las universidades públicas continúen su labor de vinculación con la sociedad, contribuyendo tal y como reza nuestro Estatuto Orgánico, “con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo.”
La defensa de la autonomía universitaria, por lo tanto, es una defensa de la capacidad de las instituciones de educación superior para funcionar como pilares de un desarrollo humano solidario, un desafío constante que se enfrenta con compromiso y claridad hacia la sociedad a la que sirve.
